Resultados de la política económica de la dictadura peronista
Los nuevos gobernantes parecían ignorar la suma de infinitos esfuerzos y propicias circunstancias que habían producido la riqueza del país. Tenían delirio de grandezas y complejo de superioridad. Lo requerido, en definitiva, para lanzarse a la aventura de una política desorbitada.
Estaban convencidos, además, del estallido a plazo breve de una tercera conflagración. El resultado de la segunda los había contrariado; la que esperaban y anunciaban señalaría la derrota de los países occidentales que habían vencido al Eje. Entonces llegaría el momento de ejecutar el programa esbozado en el manifiesto que circuló en los cuarteles a mediados de 1943 y en la conferencia de Perón en la Universidad de La Plata.
La política económica de la nación a partir de 1946 se basó en estos tres principios fundamentales: a) la liberación de todo influjo extranjero; b) el monopolio estatal de las principales fuentes de riqueza; c) la reforma de la legislación bancaria.
Al “capitalismo imperialista” se culpa de haber substraído a nuestro país el futuro de su trabajo, de haberlo convertido en una colonia y, también, de haber decidido en el pasado la elección de sus gobernantes. Para que todo eso no fuera posible en el futuro, creyeron que debía comenzarse por declarar nuestra independencia económica, la que el dictador Juan Domingo Perón hizo solemnemente en Tucumán el 9 de julio de 1947, aniversario de la independencia política.
El monopolio estatal de las principales fuentes de riqueza tendía a la eliminación de los consorcios internacionales que explotaban algunos servicios públicos y la comercialización de las cosechas.
Con la reforma del sistema bancario se puso en manos del Poder Ejecutivo, a falta de recursos presupuestarios, medios ilimitados de pago para financiar inversiones del Estado, cubrir pérdidas cuantiosas en sus operaciones comerciales derivadas principalmente del mantenimiento de tipos de cambio artificialmente bajos, y suplir con emisiones de moneda aquella parte del ahorro privado que entes se orientaba hacia la inversión hipotecaria para la construcción de viviendas.
En virtud de esta política se rescató la deuda exterior, se hicieron diversas adquisiciones –ferrocarriles, transportes de la ciudad de Buenos Aires, teléfonos, compañías de gas, etcétera-; se crearon las flotas mercante y aérea y se organizó el IAPI (1) para comerciar con el exterior.
Cuando todo esto quedó realizado, el dictador Perón se consideró victorioso. Nada debía el país al extranjero y era propietario de los servicios públicos que en el pasado habían producido importantes salidas de divisas. Y todo lo había hecho su gobierno “sin un solo centavo”, según afirmaba.
A la inflación que comenzó entonces su espiral aún incontenida, el dictador le quitaba importancia. Era menos que en otros países y eso debía conformarnos. Servía, entretanto, para dar la sensación de enriquecimiento colectivo; los negocios se activaban y aumentaban los salarios. Era bastante por el momento; después se vería.
No se tardó mucho en saber que las mismas explotaciones que hasta entonces había producido las utilidades cuya salida se había evitado, daban pérdidas cuantiosas y su material se desgastaba sin posibilidad de ser repuesto. Lo mismo acontecía con el IAPI y con casi todas las empresas administradas por el gobierno. Las reservas de oro disminuían rápidamente, pero tampoco tenía importancia; para el caso el dictador enunciaba teorías económicas que solo convencían a los crédulos (2).
Hubo un momento en que el comercio y la industria se quedaron sin crédito en el exterior porque el importe de sus obligaciones, saldado en los bancos de acuerdo con los compromisos contraídos, no pudo ser transferido por carencia de divisas. Se dijo entonces que eran deudas de particulares y así se quiso ocultar las dificultades económicas del Estado, pero poco después el Banco Central debió garantizar al banco de Importación y Exportación un préstamo de 125 millones de dólares a los bancos argentinos para cubrir las importaciones impagas.
Había sido descuidado el campo, que siempre ha constituido y constituye el pilar de la economía argentina, al punto que todavía hoy procede de él. El 95% de las divisas que el país obtiene en su intercambio comercial y ha sido en todo momento segura fuente de trabajo y bienestar para los hombres que a él se dedicaron con valor y entusiasmo.
Antes de 1943 la Argentina aventajaba a Rusia, India y Estados Unidos en la producción mundial de lino. Exportábamos entre el 80 y el 90% de la nuestra, lo que equivalía al 10% del total de exportaciones argentinas y al 20 0 25% de todas las ventas de productos agrícolas.
Por graves errores cometidos por los asesores del gobierno peronista, disminuyó el cultivo de lino, y por lo tanto su exportación. Los precios “compensatorios” pagados por el IAPI determinaron la caída catastrófica de la producción.
“En 1936-37 –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 21- sembramos 3.500.000 hectáreas (el quinquenio anterior tuvo un término medio superior a 3.000.000 de hectáreas). En 1945-46, por efecto del “justicialismo”, sembramos solamente 1.864.000 hectáreas. En 1954-55 el descenso llega a 739.300, y en 1955-56, solamente se sembraron 680.200 hectáreas.
“Algo semejante ocurre con el girasol, que hasta 1950, dada la insuficiencia de nuestra producción olivera, significó una próspera industria de aceite de 1.500.000 hectáreas; en 1950, una extensión superior a 1.800.000, cosechando más de 1.000.000 de toneladas. Siendo la producción mundial de 2.100.000 toneladas, nuestro país produjo la mitad de las cosechas mundiales. Con estas semillas hicimos aceite para el consumo y la exportación. En 1935-39 se produjeron 31.000 toneladas anuales. En 1940-41, 112.000; en 1945-49, 186.000; en 1950, 234.000 toneladas.
“En cuanto interviene el IAPI y mediante la fijación de bajos precios de compra, se desalientan los productores. De 1.500.000 hectáreas sembradas en 1959, bajamos en 1952-53 a 816.709, y en 1954-55 a 559.000, y el 1.000.000 de toneladas de semillas cosechadas en 1950, se reduce en 1951-52 a 692.000; en 1952-53 a 528.000, y en 1953-54 a 228.000. Las pobres cosechas provocaron la ruina de la industria aceitera y, también en este caso, de país productos y exportador pasamos a ser nación importadora. Ya no disponemos de las 60.000 toneladas que exportábamos en 1959 y nos trajeron 50.000.000 de pesos, ni de las 185.000 que necesitábamos para el consumo interno.
En cuanto a la ganadería puede decirse que no corrió mejor suerte que la agricultura bajo un régimen de intenso intervencionismo estatal. Disminuyó la producción de carnes y más aún sus exportables.
En el lapso de pocos años las considerables reservas de oro y divisas acumuladas durante la segunda guerra mundial fueron despilfarradas en buena parte. El desarrollo industrial indiscriminado no produjo aquella independencia económica y por el contrario determinó mayores necesidades de divisas para su mantenimiento, al paso que disminuían progresivamente los saldos exportables.
Los balances comerciales del país, tradicionalmente positivos, resultan así repentinamente desfavorables a partir de 1949. No obstante las severas restricciones en las importaciones de productos esenciales para el mantenimiento de la actividad económica y la contracción de fuertes deudas comerciales con el exterior, no fue posible renovar adecuadamente los equipos industriales del país; los elementos de transporte –ferroviarios y automotores-, por falta de reposición, cayeron en lamentable estado; descuidada la producción de combustible y en particular la extracción de petróleo, el creciente déficit energético terminó por afectar a la propia industria.
Del análisis de la evolución de la renta nacional surge que el ingreso per cápita prácticamente no aumentó durante el período de la dictadura peronista, ni fue repartido con criterio apropiado a los intereses del país.
En síntesis: al caer ese gobierno, el estado económico de la Argentina podía considerarse como muy crítico, con sus producciones principales deprimidas, las reservas de oro y divisas reducidas a un nivel muy bajo, un presupuesto abultado cuyo crónico déficit se cubría con la emisión de títulos de absorción forzada, una deuda exterior por un total de 757 millones de dólares, que al tipo de $ 18 m/n. el dólar, alcanzaba a 13.626 millones de pesos, y una deuda interna de aproximadamente 57.576 millones.
A esto se agregaba la deuda exigible real del país, que según lo ha señalado el ex ministro de Hacienda, doctor Eugenio A, Blanco, alcanzaba a 10.548 millones de pesos de cuya suma correspondían 7.921 millones al déficit acumulado de las empresas de transporte, y 308 millones a Obras Sanitarias.
Razón tuvo la Comisión Asesora Económica y Financiera del Gobierno Provisional, cuando expresó que la situación argentina era más grave que aquella que el presidente Avellaneda hubo de conjurar “ahorrando sobre el hambre y la sed”, y más que la de 1890 y que la de hace un cuarto de siglo (3), en plena depresión mundial. “El país –dijo también dicha comisión- se encontraba en aquellos tiempos con sus fuerzas productoras intactas. No es el caso de hoy: están seriamente comprometidos los factores dinámicos de su economía y será necesario un esfuerzo inmenso y persistente para restablecer su vigoroso ritmo de desarrollo”.
NOTAS:
Los nuevos gobernantes parecían ignorar la suma de infinitos esfuerzos y propicias circunstancias que habían producido la riqueza del país. Tenían delirio de grandezas y complejo de superioridad. Lo requerido, en definitiva, para lanzarse a la aventura de una política desorbitada.
Estaban convencidos, además, del estallido a plazo breve de una tercera conflagración. El resultado de la segunda los había contrariado; la que esperaban y anunciaban señalaría la derrota de los países occidentales que habían vencido al Eje. Entonces llegaría el momento de ejecutar el programa esbozado en el manifiesto que circuló en los cuarteles a mediados de 1943 y en la conferencia de Perón en la Universidad de La Plata.
La política económica de la nación a partir de 1946 se basó en estos tres principios fundamentales: a) la liberación de todo influjo extranjero; b) el monopolio estatal de las principales fuentes de riqueza; c) la reforma de la legislación bancaria.
Al “capitalismo imperialista” se culpa de haber substraído a nuestro país el futuro de su trabajo, de haberlo convertido en una colonia y, también, de haber decidido en el pasado la elección de sus gobernantes. Para que todo eso no fuera posible en el futuro, creyeron que debía comenzarse por declarar nuestra independencia económica, la que el dictador Juan Domingo Perón hizo solemnemente en Tucumán el 9 de julio de 1947, aniversario de la independencia política.
El monopolio estatal de las principales fuentes de riqueza tendía a la eliminación de los consorcios internacionales que explotaban algunos servicios públicos y la comercialización de las cosechas.
Con la reforma del sistema bancario se puso en manos del Poder Ejecutivo, a falta de recursos presupuestarios, medios ilimitados de pago para financiar inversiones del Estado, cubrir pérdidas cuantiosas en sus operaciones comerciales derivadas principalmente del mantenimiento de tipos de cambio artificialmente bajos, y suplir con emisiones de moneda aquella parte del ahorro privado que entes se orientaba hacia la inversión hipotecaria para la construcción de viviendas.
En virtud de esta política se rescató la deuda exterior, se hicieron diversas adquisiciones –ferrocarriles, transportes de la ciudad de Buenos Aires, teléfonos, compañías de gas, etcétera-; se crearon las flotas mercante y aérea y se organizó el IAPI (1) para comerciar con el exterior.
Cuando todo esto quedó realizado, el dictador Perón se consideró victorioso. Nada debía el país al extranjero y era propietario de los servicios públicos que en el pasado habían producido importantes salidas de divisas. Y todo lo había hecho su gobierno “sin un solo centavo”, según afirmaba.
A la inflación que comenzó entonces su espiral aún incontenida, el dictador le quitaba importancia. Era menos que en otros países y eso debía conformarnos. Servía, entretanto, para dar la sensación de enriquecimiento colectivo; los negocios se activaban y aumentaban los salarios. Era bastante por el momento; después se vería.
No se tardó mucho en saber que las mismas explotaciones que hasta entonces había producido las utilidades cuya salida se había evitado, daban pérdidas cuantiosas y su material se desgastaba sin posibilidad de ser repuesto. Lo mismo acontecía con el IAPI y con casi todas las empresas administradas por el gobierno. Las reservas de oro disminuían rápidamente, pero tampoco tenía importancia; para el caso el dictador enunciaba teorías económicas que solo convencían a los crédulos (2).
Hubo un momento en que el comercio y la industria se quedaron sin crédito en el exterior porque el importe de sus obligaciones, saldado en los bancos de acuerdo con los compromisos contraídos, no pudo ser transferido por carencia de divisas. Se dijo entonces que eran deudas de particulares y así se quiso ocultar las dificultades económicas del Estado, pero poco después el Banco Central debió garantizar al banco de Importación y Exportación un préstamo de 125 millones de dólares a los bancos argentinos para cubrir las importaciones impagas.
Había sido descuidado el campo, que siempre ha constituido y constituye el pilar de la economía argentina, al punto que todavía hoy procede de él. El 95% de las divisas que el país obtiene en su intercambio comercial y ha sido en todo momento segura fuente de trabajo y bienestar para los hombres que a él se dedicaron con valor y entusiasmo.
Antes de 1943 la Argentina aventajaba a Rusia, India y Estados Unidos en la producción mundial de lino. Exportábamos entre el 80 y el 90% de la nuestra, lo que equivalía al 10% del total de exportaciones argentinas y al 20 0 25% de todas las ventas de productos agrícolas.
Por graves errores cometidos por los asesores del gobierno peronista, disminuyó el cultivo de lino, y por lo tanto su exportación. Los precios “compensatorios” pagados por el IAPI determinaron la caída catastrófica de la producción.
“En 1936-37 –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 21- sembramos 3.500.000 hectáreas (el quinquenio anterior tuvo un término medio superior a 3.000.000 de hectáreas). En 1945-46, por efecto del “justicialismo”, sembramos solamente 1.864.000 hectáreas. En 1954-55 el descenso llega a 739.300, y en 1955-56, solamente se sembraron 680.200 hectáreas.
“Algo semejante ocurre con el girasol, que hasta 1950, dada la insuficiencia de nuestra producción olivera, significó una próspera industria de aceite de 1.500.000 hectáreas; en 1950, una extensión superior a 1.800.000, cosechando más de 1.000.000 de toneladas. Siendo la producción mundial de 2.100.000 toneladas, nuestro país produjo la mitad de las cosechas mundiales. Con estas semillas hicimos aceite para el consumo y la exportación. En 1935-39 se produjeron 31.000 toneladas anuales. En 1940-41, 112.000; en 1945-49, 186.000; en 1950, 234.000 toneladas.
“En cuanto interviene el IAPI y mediante la fijación de bajos precios de compra, se desalientan los productores. De 1.500.000 hectáreas sembradas en 1959, bajamos en 1952-53 a 816.709, y en 1954-55 a 559.000, y el 1.000.000 de toneladas de semillas cosechadas en 1950, se reduce en 1951-52 a 692.000; en 1952-53 a 528.000, y en 1953-54 a 228.000. Las pobres cosechas provocaron la ruina de la industria aceitera y, también en este caso, de país productos y exportador pasamos a ser nación importadora. Ya no disponemos de las 60.000 toneladas que exportábamos en 1959 y nos trajeron 50.000.000 de pesos, ni de las 185.000 que necesitábamos para el consumo interno.
En cuanto a la ganadería puede decirse que no corrió mejor suerte que la agricultura bajo un régimen de intenso intervencionismo estatal. Disminuyó la producción de carnes y más aún sus exportables.
En el lapso de pocos años las considerables reservas de oro y divisas acumuladas durante la segunda guerra mundial fueron despilfarradas en buena parte. El desarrollo industrial indiscriminado no produjo aquella independencia económica y por el contrario determinó mayores necesidades de divisas para su mantenimiento, al paso que disminuían progresivamente los saldos exportables.
Los balances comerciales del país, tradicionalmente positivos, resultan así repentinamente desfavorables a partir de 1949. No obstante las severas restricciones en las importaciones de productos esenciales para el mantenimiento de la actividad económica y la contracción de fuertes deudas comerciales con el exterior, no fue posible renovar adecuadamente los equipos industriales del país; los elementos de transporte –ferroviarios y automotores-, por falta de reposición, cayeron en lamentable estado; descuidada la producción de combustible y en particular la extracción de petróleo, el creciente déficit energético terminó por afectar a la propia industria.
Del análisis de la evolución de la renta nacional surge que el ingreso per cápita prácticamente no aumentó durante el período de la dictadura peronista, ni fue repartido con criterio apropiado a los intereses del país.
En síntesis: al caer ese gobierno, el estado económico de la Argentina podía considerarse como muy crítico, con sus producciones principales deprimidas, las reservas de oro y divisas reducidas a un nivel muy bajo, un presupuesto abultado cuyo crónico déficit se cubría con la emisión de títulos de absorción forzada, una deuda exterior por un total de 757 millones de dólares, que al tipo de $ 18 m/n. el dólar, alcanzaba a 13.626 millones de pesos, y una deuda interna de aproximadamente 57.576 millones.
A esto se agregaba la deuda exigible real del país, que según lo ha señalado el ex ministro de Hacienda, doctor Eugenio A, Blanco, alcanzaba a 10.548 millones de pesos de cuya suma correspondían 7.921 millones al déficit acumulado de las empresas de transporte, y 308 millones a Obras Sanitarias.
Razón tuvo la Comisión Asesora Económica y Financiera del Gobierno Provisional, cuando expresó que la situación argentina era más grave que aquella que el presidente Avellaneda hubo de conjurar “ahorrando sobre el hambre y la sed”, y más que la de 1890 y que la de hace un cuarto de siglo (3), en plena depresión mundial. “El país –dijo también dicha comisión- se encontraba en aquellos tiempos con sus fuerzas productoras intactas. No es el caso de hoy: están seriamente comprometidos los factores dinámicos de su economía y será necesario un esfuerzo inmenso y persistente para restablecer su vigoroso ritmo de desarrollo”.
NOTAS:
(1) El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) fue un ente público creado por decreto 15.350 el 28 de mayo de 1946, que si bien fue firmado por el Presidente Farell, formaba parte del conjunto de medidas que el coronel Juan Domingo Perón y su equipo de asesores habían proyectado. Funciono bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el fin de centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía.
(2) Entre otras la de que “llegaría una tercera guerra mundial con la cual ese oro y divisas volverían”. Jamás ocurrió
(3) La caída de la Bolsa de Wald Street en Estados Unidos de Norte América.
(2) Entre otras la de que “llegaría una tercera guerra mundial con la cual ese oro y divisas volverían”. Jamás ocurrió
(3) La caída de la Bolsa de Wald Street en Estados Unidos de Norte América.
